El derecho a la ciudad. Joan Subirats

[El Pais] Lo acontecido en Reus es una muestra más de la gangrena que aqueja a muchas ciudades. Seguimos lamiéndonos las heridas de lo que fue la gran burbuja inmobiliaria y la construcción de infraestructuras que hoy contemplamos en muchos casos como ejemplo de lo inútil y grandilocuente. Y mientras, la degradación de las condiciones de subsistencia de sectores importantes de la población va agravándose. No es este un pecado local. Seguimos viendo imágenes y recibiendo noticias de grandes operaciones inmobiliarias y de la construcción de edificios futuristas fuera de toda escala y sentido común en sitios como el Golfo Pérsico y simultáneamente vemos cómo la creciente urbanización de la población en todo el mundo va casi siempre acompañada de graves problemas de subsistencia, movilidad y contaminación.

En este contexto, la presencia de David Harvey en Barcelona estos días nos permite revisitar el concepto ya añejo del “Derecho a la Ciudad”, que acabó mencionándose de refilón en la Declaración Final de Habitat III en Quito. A finales de los 60, Henri Lefebvre usó el término para denunciar la erosión del proyecto colectivo que una ciudad representa cuando se van reduciendo las posibilidades de desarrollar una vida digna. Hoy, renace con fuerza esa expresión, en conflicto directo con los grandes fondos de inversión, sus inversiones inmobiliarias y la despreocupación con la que tratan los efectos colaterales que ello genera.

El análisis de Harvey coincide con el Saskia Sassen. Hay grandes cantidades de dinero en el mundo que encuentran dificultades para conseguir mantener tasas de interés positivas y sueldos millonarios de los gestores de esos fondos. No hay interés en lo que se produce, sino en las rentabilidades generadas. Y una de las áreas más rentables hoy día es el mercado inmobiliario. Por varias razones. Por un lado constituye un depósito de riqueza y bienestar futuro. Por otro, permite rentabilizar la inversión si se consiguen niveles adecuados en los precios de alquiler o venta. Y como afirmaba Harvey, si a eso le añades turismo, la operación se convierte en mucho más atractiva, al situar el énfasis en un objeto de consumo que va más allá de las necesidades básicas, que es constantemente renovable y que genera rentabilidades altas en todo el entorno que rodea la experiencia turística.

En este escenario, Trump es, para los fondos de inversión globales, más una esperanza que un peligro. Al margen de las preocupantes bravuconadas y amenazas de la campaña, desde el punto de vista económico lo que promete es gastar dinero público en operaciones de regeneración de infraestructuras y en grandes operaciones inmobiliarias, endeudando al Estado y generando puestos de trabajo y crecimiento económico. Siguiendo la estela de China que combatió el desempleo generado por la crisis del 2007 y 2008 con la construcción de ciudades enormes, aún hoy vacías, y con un aumento gigantesco de la red de carreteras y líneas de alta velocidad. Pero, como ocurrió allí, los efectos en la población norteamericana y en el contexto global pueden ser temibles, tanto por la degradación ambiental como por los desplazamientos y expulsiones que ello generará.

No es ninguna locura relacionar el caso de la mujer fallecida en Reus con la presidencia de Trump. Hay una revolución urbana en marcha que construye ciudad desde la perspectiva inversora y las exigencias de la rentabilidad, mezclando cada vez más industria de la construcción, grandes compañías de servicios, corporaciones tecnológicas, instituciones financieras y fondos de inversión. En operaciones e iniciativas público-privadas, que en muchos casos drenan y extraen beneficios para los inversores privados, dejando los riesgos y las secuelas negativas en manos públicas.

Reivindicar hoy el derecho a la ciudad tiene que ver con esto. Con la capacidad de generar un movimiento democratizador de base que luche por ciudades habitables, por ciudades pensadas para las necesidades de la gente, desde experiencias comunitarias de protagonismo cívico y con distribución más justa de costes y beneficios. Que permita avanzar en poder asegurar condiciones dignas de vida para cualquier residente en la ciudad, en temas clave como son los servicios básicos, la vivienda, la energía, el agua, el saneamiento, el transporte. Reconstruir relaciones, sostener solidaridades, fortalecer la identidad local y el sentido de proyecto colectivo. La ciudad en la que vivimos marca lo que somos y lo que podemos ser.

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